Spagna: la jornada laboral a 35 horas, un cambio histórico para 250.000 funcionarios
Madrid ha anunciado una reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado, un pacto largamente esperado que afecta a unos 250.000 empleados públicos. La medida, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, pone fin a un bloqueo que se extendía por años.
A partir de la primera quincena de abril, los funcionarios pasarán a trabajar 35 horas semanales, una reforma laboral de gran envergadura que busca mejorar la conciliación y el bienestar de los trabajadores.
Un pacto con impacto en el empleo y la conciliación
El acuerdo, que según fuentes sindicales no deja fuera a ningún ámbito de la Administración, abre la puerta a su extensión a organismos públicos, agencias y entidades dependientes, incluyendo potencialmente empresas públicas. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSF), ha calificado el pacto de "histórico". "Estamos satisfechos por haber alcanzado este acuerdo histórico para aplicar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado", afirmó.
La reducción de jornada no se limitará a los servicios centrales; se adaptará a distintos regímenes laborales, incluyendo jornadas especiales y verano, ajustándose proporcionalmente. Sectores como las Instituciones Penitenciarias negociarán la aplicación para garantizar la prestación del servicio. La medida llega en un contexto de envejecimiento de las plantillas públicas, con más del 20% de los empleados previstos para jubilarse en los próximos cinco años. Se espera que esta reducción actúe como una palanca para reorganizar el trabajo y facilitar la incorporación de nuevos profesionales.
El Ministerio de Función Pública prevé aprobar en breve una resolución que regule la jornada y los horarios. El objetivo es que la aplicación no supere los 15 días tras la firma del acuerdo. Los sindicatos han asegurado que realizarán un seguimiento exhaustivo para garantizar una implementación efectiva. La cifra habla por sí sola: se trata de una reforma que podría redefinir la relación entre el Estado y sus empleados.